El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha estimado el recurso presentado por el Gobierno central contra el decreto-ley 5/2016 de la Junta por el que se regula la jornada de trabajo de los empleados públicos de la Junta de Andalucía, reduciendo a 35 horas semanales dicha jornada, de forma que el TC ha anulado dicho decreto.
El Pleno considera que, al reducir a 35 horas semanales la jornada laboral para los funcionarios públicos autonómicos, y a 18 las horas lectivas semanales para el personal docente de esa comunidad autónoma, este decreto-ley "vulnera las normas dictadas por el Estado en el ejercicio de su competencia para regular el régimen jurídico de las administraciones públicas".
La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Santiago Martínez-Vares, cuenta con el voto particular del Magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, que discrepa de la fundamentación de la sentencia y del fallo.
La Junta mantiene la jornada
La Junta de Andalucía mantendrá para sus 250.000 empleados la jornada "presencial" de 35 horas semanales a la que se sumarán otras 2,5 horas de trabajos preparatorios que los empleados autonómicos realizarán en su tiempo particular.
También se mantendrán los 7.000 contratos que la Junta ha suscrito desde que en 2013 implantó este horario laboral, según ha anunciado este viernes la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, quien ha enviado un mensaje de tranquilidad a estos trabajadores.
La consejera ha explicado que la Junta acata la sentencia del Tribunal Constitucional y mantiene las 37,5 horas semanales mínimas fijadas por el Gobierno central, ya que a la jornada "presencial" de 35 horas se añaden las 2,5 de trabajos preparatorios.
Ha añadido, en declaraciones a los periodistas, que esta fórmula será debatida el próximo lunes con las organizaciones sindicales y que el previsible acuerdo será ratificado al día siguiente por el Consejo de Gobierno, con lo que adquirirá rango de decreto.
"Tranquilidad absoluta para todos los empleados en relación con este materia, fundamentalmente para aquellas personas que han sido contratadas y que pueden tener incertidumbre", ha apostillado la consejera.
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